Voto ambiental bajo la lupa: Lo que se decida este domingo marcará el destino de nuestros mares y montañas
En estas elecciones las organizaciones sociales, ambientales, académicas, comunitarias, religiosas y ciudadanas que se encuentran articuladas en el marco del Parlamento Cívico Ambiental (PCA), informó el pasado lunes que Costa Rica enfrenta una encrucijada histórica: avanzar hacia una transformación socioambiental democrática o la consolidación de un proceso de regresión ambiental, institucional y territorial.
La advertencia se fundamenta en los resultados de un estudio independiente elaborado por la Asociación Regional por la Transformación Ecológica y Social JUSTECO (ARTES-JUSTECO), presentado públicamente por el Parlamento Cívico Ambiental el pasado 15 de enero en la Asamblea Legislativa, y respaldado por más de 45 organizaciones y centenares de personas firmantes dentro y fuera del país.
El informe, titulado “Análisis de los programas de gobierno a la luz de las tendencias de opinión pública en la prensa y las redes sociales en materia ambiental”, evaluó los programas de gobierno de 13 partidos políticos mediante una metodología cuantitativa y cualitativa, basada en 50 indicadores agrupados en 13 categorías estratégicas, entre ellas: agua, clima, biodiversidad, justicia ambiental, gobernanza, ordenamiento territorial, participación ciudadana y modelo de desarrollo.
Los resultados no dejan espacio para ambigüedades.
El estudio evidencia una profunda brecha entre las fuerzas políticas que reconocen la magnitud de la crisis ambiental e institucional del país y aquellas que la niegan, la minimizan o proponen abiertamente retrocesos, bajo discursos de desregulación, extractivismo y mercantilización de los bienes comunes.
En el nivel más alto de coherencia y alineamiento con una transformación estructural se ubican el Frente Amplio y la Coalición Agenda Ciudadana, cuyos programas incorporan enfoques integrales de justicia ambiental, fortalecimiento institucional, protección del agua, regulación del extractivismo y ampliación de la participación democrática.
El Partido Liberación Nacional se posiciona también en un nivel alto, con propuestas técnicas e institucionales relevantes en materia de agua, clima, energía y biodiversidad, incluyendo el respaldo explícito a la ratificación del Acuerdo de Escazú, aunque con menor profundidad transformadora en participación ciudadana y justicia socioambiental.
En contraste, el estudio identifica un grupo de partidos que reproducen el statu quo, con propuestas parciales, simbólicas o insuficientes frente a la gravedad del deterioro ambiental. Más preocupante aún, se identifican plataformas abiertamente regresivas, que promueven la minería a cielo abierto, la exploración y extracción de hidrocarburos y la desregulación ambiental, presentadas bajo eufemismos como “minería sostenible” o “aprovechamiento responsable”. Entre estas últimas se encuentran los programas de Nueva República, Integración Nacional y Pueblo Soberano.
Durante la presentación del estudio, la vicepresidenta del Parlamento Cívico Ambiental, Victoria Rudín, subrayó que este esfuerzo responde a una necesidad urgente de la ciudadanía: “Costa Rica no puede seguir tomando decisiones políticas a ciegas. Este estudio ofrece una herramienta clara, comparativa y basada en evidencia para que la ciudadanía evalúe quiénes están preparados para enfrentar la crisis ambiental y quiénes representan un riesgo real para el futuro del país”.
Por su parte, el vicepresidente de ARTES-JUSTECO, Dr. Bernardo Aguilar, advirtió que los hallazgos confirman que la crisis ambiental es inseparable de una crisis política e institucional: “Estamos frente a un debilitamiento sistemático de la institucionalidad pública, una regresión regulatoria, conflictos territoriales crecientes, presión inmobiliaria en zonas costeras, deterioro del acceso al agua y un cierre progresivo de los espacios de participación ciudadana. La decisión electoral de 2026 será determinante para revertir este rumbo o profundizarlo”.
Las organizaciones firmantes del Manifiesto Ambiental Ciudadano, provenientes de todo el país y de múltiples sectores, incluyendo universidades públicas, organizaciones comunitarias, movimientos juveniles, colectivos territoriales, fundaciones, asociaciones profesionales y redes regionales— coinciden en que el ambiente ya no puede seguir siendo un tema secundario o instrumental en la política nacional.
Advierten que lo que está en juego no es solo la protección de la naturaleza, sino la calidad de la democracia, el acceso al agua, la equidad territorial y el modelo de desarrollo que se heredará a las próximas generaciones.
