Pescadores declaran “personas no gratas” a Randall Arauz y Walter Brenes en la Angostura de Puntarenas
Un rótulo colocado en la Angostura expresa el rechazo del sector pesquero hacia el ambientalista Randall Arauz y el abogado Walter Brenes, señalándolos por impulsar acciones legales que afectan la pesca y el sustento de cientos de familias.
Puntarenas, Costa Rica. Un grupo de pescadores instaló un rótulo en la entrada principal de Puntarenas, en la zona conocida como la Angostura, en el que declara “personas no gratas” al ambientalista Randall Arauz y al abogado Walter Brenes. La manta fue colocada como señal de protesta por decisiones judiciales y acciones promovidas por ambos en temas pesqueros y ambientales.
Según líderes del sector, las iniciativas impulsadas por Arauz y Brenes han tenido repercusiones directas en la actividad pesquera nacional durante los últimos años. En 2013, la Sala Constitucional prohibió la pesca de arrastre de camarón en Costa Rica, luego de una acción planteada con participación de Arauz y organizaciones ambientales, lo cual significó el cierre de esa modalidad pesquera.
Más recientemente, en septiembre de 2025, una medida cautelar solicitada por Walter Brenes ante el Tribunal Contencioso Administrativo derivó en la suspensión temporal de las exportaciones de varias especies de tiburón, principalmente tiburón sedoso y tiburón zorro capturados mediante pesca de palangre. Durante varias semanas, embarcaciones y exportadores no pudieron comercializar sus productos, generando preocupación y afectación económica en comunidades costeras que dependen de esta actividad.
El Tribunal levantó la medida posteriormente, permitiendo retomar la exportación de los productos pesqueros. Sin embargo, el sector afirma que la interrupción puso en riesgo los ingresos de cientos de familias cuyos recursos dependen de la pesca y la cadena productiva asociada.
Pescadores consultados señalaron que el rótulo es una forma de expresar su rechazo y defender su fuente de ingreso, mientras mantienen la postura de que las decisiones deben incluir criterios técnicos, económicos y sociales que consideren el bienestar de las comunidades costeras.
El hecho ocurre en medio de un debate nacional sobre el equilibrio entre la conservación marina y la sostenibilidad económica de las zonas costeras, especialmente en regiones como Puntarenas, donde la pesca continúa siendo una de las principales actividades productivas y fuente de empleo.
