Contraloría exige a la Municipalidad de Puntarenas implementar medidas anticorrupción y normativa pendiente en permisos y patentes
El órgano contralor advirtió al alcalde Randall Chavarría sobre la falta de avances en tres disposiciones claves del informe 05-2023 y fijó nuevos plazos para cumplir con una estrategia de prevención de la corrupción, el sistema SEVRI y la regulación de patentes y construcciones.
La Contraloría General de la República (CGR) giró una nueva prevención a la Municipalidad de Puntarenas, tras constatar el incumplimiento de tres disposiciones fundamentales del informe de auditoría DFOE-LOCAD-00005-2023, relacionadas con la prevención de la corrupción en los trámites de patentes y permisos de construcción.
Durante la sesión ordinaria N.°125 del Concejo Municipal, celebrada el 23 de octubre de 2025, la presidenta Kerlin Molina dio lectura al oficio remitido por la Contraloría, el cual señala que no se han implementado ni formalizado las acciones exigidas desde 2023.
Las disposiciones incumplidas son las siguientes:
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Estrategia anticorrupción (disposición 4.4): elaborar, divulgar e implementar una política institucional que promueva una cultura organizacional de control y prevención de la corrupción.
Nuevo plazo: 15 de diciembre de 2025. -
Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI, disposición 4.5): incorporar el riesgo de corrupción como componente dentro de la gestión de riesgos institucional, evaluando la probabilidad, impacto y controles.
Nuevo plazo: 30 de enero de 2026.
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Normativa para permisos y patentes (disposición 4.6): elaborar, formalizar, divulgar e implementar la normativa pendiente sobre otorgamiento de patentes y permisos de construcción, así como los manuales de procedimientos respectivos.
Nuevo plazo: 12 de enero de 2026.
La Contraloría ordenó además al alcalde Randall Alexis Chavarría Matarrita conformar y remitir un expediente completo de cumplimiento en un plazo de 10 días hábiles, el cual debe incluir evidencia de todas las acciones realizadas y los documentos de respaldo.
El informe advierte que, tras más de dos años de emitidas las recomendaciones, la Municipalidad no cuenta con un código de ética vigente, carece de un SEVRI formalizado e incumple la elaboración de reglamentos actualizados para permisos y patentes, lo que compromete la transparencia administrativa y la seguridad jurídica de los trámites.
“Debemos garantizar una gestión ética y responsable en los permisos de construcción y patentes. La Contraloría es clara: estas disposiciones son obligatorias y su incumplimiento puede generar responsabilidades administrativas y civiles”, indicó la presidenta del Concejo, Kerlin Molina, durante la lectura del documento.
Por su parte, el alcalde Randall Chavarría reconoció que el informe ya se encuentra en proceso de atención dentro de la administración y llamó a respetar las competencias entre el Concejo y la Alcaldía, comprometiéndose a enviar los avances en los plazos establecidos.
El Concejo Municipal acordó notificar formalmente a la Contraloría que el oficio fue conocido en sesión pública y solicitó a la Alcaldía remitir copia de cada entrega que se realice al órgano contralor, a fin de mantener la transparencia del proceso de cumplimiento.
