
Concejo Municipal de Puntarenas conoció oficio de Contraloría que improbó el presupuesto 2026 por requisito procedimental
En la sesión extraordinaria 140, regidores y Alcaldía afirmaron que los servicios no se paralizan y anunciaron mesas de trabajo para ajustar el presupuesto dentro del plazo fijado por el órgano contralor
El Concejo Municipal de Puntarenas celebró el viernes 26 de diciembre de 2025 la sesión extraordinaria número 140, convocada para conocer el oficio DFOE-LOC-2369-2025 de la Contraloría General de la República relacionado con la improbación del presupuesto inicial 2026 de la Municipalidad de Puntarenas, por un monto de ₡17.917 millones.
La presidencia informó que la sesión inició a las 6:13 p.m. luego de un receso asociado a problemas de transmisión. También se comunicó la incorporación en propiedad del regidor Randy Guerrero en sustitución de Víctor Espinosa y de la regidora Priscila Sierra Molina en sustitución de Kimberly Castro. Se indicó que había quórum con cinco regidores presentes.
Tras la oración, el punto central fue la lectura del oficio contralor, el cual expone el marco normativo y los hechos que, según la Contraloría, fundamentan la improbación del presupuesto ordinario 2026. En el documento se señala que el presupuesto fue remitido mediante oficio de la Alcaldía el 28 de septiembre de 2025 y que la aprobación interna quedó registrada en el acta de la sesión extraordinaria 114 del 22 de septiembre de 2025, incorporada al sistema institucional de planes y presupuestos.
Qué observó la Contraloría, según lo leído en sesión
Durante la lectura, se explicó que la improbación se sustentó en el artículo 105 del Código Municipal vigente cuando se aprobó internamente el presupuesto, el cual exigía que el presupuesto ordinario se conociera y aprobara en sesión extraordinaria dedicada exclusivamente a ese fin.
La Contraloría indicó que en la sesión extraordinaria 114 se incluyó en el orden del día un punto adicional de nombramientos en comisión y que esos acuerdos se conocieron y aprobaron en forma definitiva, lo que, a su criterio, rompió la exigencia de exclusividad. El oficio también señala que, posteriormente, en la sesión ordinaria 116 del 25 de septiembre de 2025, se realizó una gestión para modificar el orden del día y el acta de la sesión 114. Según lo leído, el propósito era presentar la sesión 114 como dedicada únicamente al presupuesto pese a que se habrían conocido otros acuerdos.
El documento leído en sesión también alude a manifestaciones atribuidas a regidores y a una certificación de Secretaría Municipal que, según el órgano contralor, acreditaría una modificación del orden del día en un tramo específico del audio de la sesión 114.
En cuanto a la reforma del artículo 105 del Código Municipal, el oficio señala que fue publicada el 11 de diciembre de 2025, pero que su vigencia inicia el 1.° de enero de 2026, por lo que no sería aplicable al presupuesto aprobado en septiembre de 2025, por el principio de irretroactividad.
Efectos operativos para 2026 y plazo de ajuste
El oficio leído recuerda que, ante una improbación, regirá para 2026 el presupuesto del ejercicio anterior con los ajustes que correspondan, excluyendo ingresos y gastos que solo tengan vigencia para ese año. También se indica que el presupuesto ajustado debe ser igual o inferior al anterior y que no puede superar el monto del documento improbado. La Contraloría fija un plazo máximo de 20 días hábiles a partir del 31 de diciembre de 2025 para incorporar el presupuesto ajustado y el plan anual ajustado en el sistema respectivo.
Intervenciones en el Concejo, tras la lectura del oficio
Finalizada la lectura, el regidor Mario Rodríguez tomó la palabra y sostuvo que, en su criterio, la municipalidad no se detendrá. Enfatizó que “la municipalidad no se va a paralizar” y calificó la situación como “un reto adicional” para la administración, señalando que el tema no se habría observado por “temas de fondo” sino por un componente procedimental.
Rodríguez cuestionó el alcance del análisis realizado por la Contraloría y mencionó que el órgano contralor, a su entender, no valoró un recurso tramitado por el Concejo. En ese contexto dijo que “la Contraloría tiene la última palabra, pero no necesariamente siempre tendrá la razón”.
El alcalde Randall Chavarría también intervino. Indicó que la improbación fue “un balde de agua fría”, pero añadió que el presupuesto 2025 era “bastante robusto”, lo que permitiría trabajar durante el próximo periodo realizando los ajustes necesarios.
Informó que ya se habían tenido sesiones de trabajo con direcciones internas, el departamento financiero y recursos humanos para ajustar el presupuesto. Además, afirmó que una de las prioridades identificadas era el tema de la planta de tratamiento asociada al mercado y señaló que iniciarían un proceso de licitación sujeto a contenido presupuestario.
Chavarría expresó que la administración aspira a tener listo un presupuesto extraordinario en enero y añadió que se enfocarán en la liquidación 2024, la liquidación 2025 y en presentar un informe de auditoría externa que, según dijo, ya fue entregado.
Posteriormente, el regidor Randy Guerrero se refirió a la necesidad de ordenar plazos con los concejos municipales de distrito para la entrega de liquidaciones, con el fin de reducir presiones operativas y fortalecer el trámite de presupuestos extraordinarios. En su intervención, manifestó inquietud por la recurrencia de los mismos nombres de funcionarias contraloras vinculadas a revisiones recientes, aunque sin aportar en esa sesión elementos adicionales documentales más allá de su percepción.
La presidencia del Concejo realizó aclaraciones dirigidas a la población. Indicó que, conforme a lo leído, la improbación obedecía al “incumplimiento de un requisito procedimental”, y que no se trataba de un rechazo por contenido técnico del presupuesto. También precisó que en la sesión extraordinaria 114 participaron nueve regidores, quienes aprobaron de forma unánime la alteración del orden del día y los nombramientos en comisión. La presidencia señaló que esa circunstancia colocaba la responsabilidad en el órgano colegiado.
Rodríguez retomó la palabra y, al referirse a la magnitud del cambio de agenda, afirmó que en la sesión 114 la alteración habría durado “menos de 4 minutos” dentro de una sesión aproximada de tres horas. También señaló que, a su juicio, “no hay mala fe” y añadió que, si hubiera que responsabilizar, correspondía al Concejo como órgano colegiado.
La sesión extraordinaria 140 cerró a las 6:50 p.m., según se consignó en la transcripción.
